Renfe, a través de Cercanías y Media Distancia, servicios agrupados desde el punto de vista de la organización empresarial en un solo Área, desarrolla esta actividad en un mercado regulado en el que los clientes son, además de los viajeros, las distintas Administraciones Públicas que participan en la financiación y ordenación de los servicios, en la política de precios, y en las frecuencias o niveles de servicios. Por su consideración de servicio de interés público, lo que se pretende es incidir en la sostenibilidad y desarrollo de este tipo de transporte.
En este sentido y en relación directa con la actividad de Renfe en este área, la Ley del Sector Ferroviario apunta que, son susceptibles de ser declarados servicios ferroviarios de interés público, aquellos que, prestados sobre la red de interés general, resulten deficitarios, por imposiciones en términos de volumen, calidad o precios, y se consideren necesarios para garantizar la comunicación.

El director general de Servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, Javier Pérez Sanz, señala que para contribuir a una mayor sostenibilidad del sistema de transporte, actualmente la normativa vigente en España tiene en cuenta la posibilidad de que a un operador concreto se le impongan condiciones de continuidad, regularidad e intensidad de la oferta, o bien que tenga que aplicar precios que puedan estar sometidos a la previa autorización de la autoridad titular del servicio de transporte: “La administración correspondiente tiene la obligación de compensar a la empresa operadora de transporte para restablecer su rentabilidad y las empresas que operan servicios con obligaciones de servicio público tienen que mantener contabilidades y gestión independiente para estas aportaciones económicas”.