Aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado
29 de diciembre, el Contrato Programa es
el marco de referencia para la gestión de la
empresa. Además de los objetivos, recoge las obligaciones
y compromisos mutuos entre Renfe y el Estado.
Entre las cuestiones que contempla destacan el objetivo
social, la política económica y la de transporte, en
el contexto de la normativa comunitaria y de acuerdo
con la Ley del Sector Ferroviario y el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que, dentro
de la política del Gobierno, pretende establecer un
marco racional, eficiente y sostenible de transporte.
Básicamente el Contrato Programa supone la plasmación
de los resultados concretos que debe alcanzar
Renfe y cómo deben evolucionar por áreas de actividad
dentro de la empresa en los próximos años. Es,
además, un importante instrumento para alcanzar la
rentabilidad económica y social en un mercado en el que irá aumentando la competencia intra e intermodal
en los próximos tiempos.
En este sentido, el documento se refiere específicamente
a dos circunstancias que van a marcar su periodo
de vigencia. Por un lado, que va a suponer una etapa
transitoria para la adaptación de Renfe a la liberalización
del mercado, lo que es ya un hecho en el área
de mercancías. En viajeros, las previsiones actuales son
que en 2010 esté liberalizado el transporte internacional,
momento a partir del que se darán los pasos oportunos
para su apertura total a la competencia.
La segunda cuestión que señala el Contrato Programa,
que incidirá directamente en la gestión de la
empresa, es la progresiva puesta en servicio de nuevas
infraestructuras ferroviarias, lo que ayudará a mejorar
e incrementar el servicio. Entre 2006 y 2010 el documento
recoge que Renfe va a destinar a inversiones
un total de 5.772 millones de euros, de los que 2.140 millones serán en concepto de aportaciones de capital
para financiar, en parte, las inversiones en material.
Los nuevos trenes son, junto con la infraestructura por
la que van a circular, y la propia gestión estratégica de
la empresa, las bases para seguir potenciando principios
esenciales de la actividad de Renfe, como son la
seguridad, la eficiencia y la mejora de la calidad de los
servicios prestados a los clientes.
El equilibrio económico, que deben alcanzar la
empresa en 2010, se refiere a todas las áreas de actividad.
Hasta esa fecha, la aportación del Estado para
los servicios de Cercanías y Media Distancia será de
1.667,5 millones de euros, cantidad que compensa
la diferencia entre los costes de explotación de estos
servicios y los ingresos que generan. Además, las revisiones
de las tarifas de los servicios de Cercanías y
Media Distancia seguirán siendo objeto de aprobación
por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, por su consideración de interés público. Renfe además podrá firmar convenios con
otras Administraciones Públicas para la prestación de
servicios de interés público, siempre que se garantice
la viabilidad económica, y previa autorización del convenio
definitivo por parte del Ministerio de Fomento.
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partir de 2010, sólo recibirán aportaciones Cercanías y
Media Distancia, que procederán de los contratos que
se suscriban con las autoridades competentes en materia
de transporte. El resto de áreas operarán ya o, en
el marco del proceso, estarán a punto de hacerlo en
un mercado abierto y en competencia. Los resultados
de ese último ejercicio del Contrato Programa deberán
arrojar unos beneficios en torno a 8 millones de euros,
procedentes de una mayor actividad de transporte en
las áreas de mercancías y de viajeros, así como a los
ingresos obtenidos, ya que la gestión de la empresa
debe aportar también resultados concretos año a año
en este periodo de tiempo, según especifica el propio
documento. |
En este sentido, está previsto un crecimiento constante de los ingresos por venta de billetes
y transporte de mercancías que casi se duplicarán,
para pasar de los 1.585 millones de euros de 2006, a
los 2.812 millones de euros, con los que Renfe deberá
cerrar el ejercicio económico de 2010.
El documento entra en materia, no sólo en lo que
se refiere a parámetros económicos y financiero sino
también sobre aspectos relacionados con la gestión
de recursos humanos. En este sentido, prevé hacer
compatible las prejubilaciones y bajas incentivadas,
previstas en el Plan Social de Renfe hasta 2009 y pactado
con la representación de los trabajadores, con
las nuevas incorporaciones, y recoge la plantilla media
que debe tener la empresa al final de cada ejercicio.
Por otra parte, en materia de seguridad en la
circulación, se refiere a la reducción de la tasa de riesgo
admisible, que mide el número de accidentes por
millón de kilómetros recorridos, que debe disminuir
en casi dos tercios con respecto a la actual.
El Contrato Programa recoge el código de conducta
social y medioambiental que corresponde aplicarse en la
gestión de la empresa, de tal forma que permita el desarrollo
económico de Renfe, al tiempo que contribuye a
la movilidad y sostenibilidad del mercado de transporte.
Es también objeto de referencia la constitución de una
Comisión de Seguimiento, conformada por nueve vocales
(tres en representación del Ministerio de Economía y
Hacienda, tres vocales del Ministerio de Fomento y tres,
de Renfe). Contempla además, por primera vez, la actividad
en materia de responsabilidad social, que es la
muestra de la inquietud y el compromiso de Renfe con
la sociedad, que engloba compromisos con la cultura, la ética, la sostenibilidad y los trabajadores de la empresa.
