Hace doce meses, el gobierno británico retomó el control sobre la política y la financiación de la red ferroviaria. Este nuevo cambio de gestión ha sido consecuencia del incremento exponencial de los gastos durante un periodo de diez años de gestión privada.

La privatización del ferrocarril en Gran Bretaña, en 1996, marcó un antes y un después en el sector a nivel internacional. Surgió como un proyecto pionero en Europa y con expectativas de demostrar que el sector privado podía gestionar con ventajas un bien nacional de forma más efectiva que el Estado. Sin embargo, el sistema ferroviario no marchó todo lo bien que se esperaba y, ahora, el Estado ha dado un paso hacia la que se conoce como "nueva estatalización", mediante la aprobación, en 2005, de la Ley de Ferrocarriles que supuso la desaparición del Strategic Rail Authority (Organismo Estratégico del Ferrocarril). Con el nuevo panorama normativo, el gobierno británico recupera el control regulatorio y financiero de la infraestructura ferroviaria a través de Dft Rail Group.

Tras la experiencia de dos lustros privatizado, el sistema del transporte guiado en las islas se ha ido rehaciendo, y ahora evoluciona hacia una estructura mixta. Como pionera de un movimiento continental, Gran Bretaña se resiste a dar por perdida la batalla. En su experiencia se encuentra lo mejor y lo peor de la desregulación, y se podrían atisbar claves para entender el futuro del tren en Europa. El impulso ultraliberal que motivó su aventura privatizadora ha demostrado debilidades, pero también ha marcado un camino, aunque sea de ida y vuelta. Así, el país que inventó el tren ha regresado a un punto de partida que en nada se parece al que dejó hace diez años.

Una historia de ida y vuelta