Desde finales del siglo XX, y desde distintos ámbitos científicos, era cada vez más frecuente la referencia a dos conceptos que, se anticipaba, condicionarían el devenir del siglo XXI: el cambio global y la necesidad de nuevas políticas territoriales. Ambos conceptos han tenido su materialización práctica a lo largo del último siglo con la
multiplicación por cuatro de la población del planeta, por 13 de la población urbana y del consumo energético, con el incremento por 17 de las emisiones de CO2 y por 14 de la producción económica mundial, además de la fortísima reducción de la biodiversidad (sexta gran extinción de especies y primera de la que la humanidad es responsable directa).

En este marco, tres hitos pasarán a la historia: el primero, las conclusiones del Panel Científico de Cambio Climático (IPCC), premio Nobel de la Paz 2007, que aseveran, sin lugar a dudas científicas, que se está produciendo un cambio climático como consecuencia de la emisión de los gases de efecto invernadero (GEI); el segundo, la superación del nivel de los 100 dólares por barril de petróleo, con un pico de 160 dólares/barril en el primer semestre del 2008; el tercero, la crisis financiera global, precursora de la que parece inevitable primera gran crisis económica del capitalismo del siglo XXI.

La situación actual exige optar de forma real –y no sólo retórica– por un desarrollo que sea sostenible ambientalmente y cohesionado socioeconómica y territorialmente. Y es en este marco en el que hay que hacer referencia a las políticas de transporte y al papel que juega el ferrocarril en las mismas, teniendo en cuenta que, pese al fuerte incremento de la oferta de infraestructuras y servicios, existen altos niveles de congestión del tráfico en las áreas urbanas y en los principales corredores de transporte. También nos encontramos con un fuerte y creciente desequilibrio hacia el transporte por carretera y el aéreo, y con las crecientes dificultades para la intermodalidad. Además, al transporte le corresponde el 13% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (en España, es el 25%, con un crecimiento del 89% entre 1990 y 2006).